Reforma Laboral: manual de uso Santiago Niño Becerra

Jueves, 15 de Marzo


¡Qué horror lo que está haciendo el Gobierno!. ¡Qué falta de sensibilidad social denota este Gobierno!. Recuerdo a quienes lo hayan olvidado que el partido del que procede este Gobierno y el partido que obtuvo la mayoría el 20N no ganó las elecciones: fue aclamado por el pueblo español, o sea que ahora todos a callar, ¿o no?. Ya, fue aclamado para que resolviese los problemas que no resolvían ‘los otros’ y no están resolviendo esos problemas, lo que sucede es que quienes fueron aclamados nunca dijeron en su programa ni en su campaña: ‘Nosotros vamos a solucionar todos los problemas’, creerlo fue una deducción gratuita del electorado. Es una apreciable cuestión de matiz.
Como podría serlo lo que dijo ayer la Sra. María Dolores de Cospedal en una entrevista que publicó El País en sus Págs. 16 y 17: “(…) En España hace falta trabajar más”. De entrada podría no entenderse: ‘Pero si hay un desempleo de casi el 24% y están cerrando empresas a mansalva debido a que existe un exceso de capacidad monstruoso?’; sin embargo analizado se ve el camino: ‘En España tienen que trabajar más aquellas personas que tienen trabajo mientras lo tengan ya que esa es una vía para aumentar la competitividad’; refuerza el razonamiento el hecho de que la Sra. De Cospedal no haga ni una leve mención a la inversión. Y lo refuerza el hecho de que también diga que “(…) La reforma (laboral) va encaminada a aumentar la empleabilidad de las personas”.
Aquí Uds. ya han leído sobre este concepto: incrústenlo en su mente porque van a oír mucho sobre él. La empleabilidad es aquel conjunto de actitudes, aptitudes, conocimientos y roles por los que una persona puede ser ocupada siempre que la persona a emplear sea capaz de demostrar a quien puede ocuparle que la necesita porque a) puede resolverle un problema, o b) puede conseguir algo que ahora no obtiene. El tipo de contrato es indiferente, así como su duración.
Este comentario de la Sra. De Cospedal es superfundamental porque, por vez primera, revela lo que la RL elaborada, aprobada y promulgada por el Gobierno y su partido busca: eliminar los lincks tradicionales de la relación ‘Empresa – Trabajador’ en el que el acento estaba puesto en la primera: ‘Contrato si necesito y examino candidatas/os’, a otra relación en el que el acento se pone en el segundo: ‘Tengo que demostrar que me necesita o que puedo hacerle ir a más aunque no haya pensado en ello’.
En las tareas para las que sea precisa una alta cualificación, para aquellos tareas de un alto valor añadido, para profesionales imprescindibles para las/los que la seguridad en el empleo sea innecesaria porque les sobren las ofertas, vale, pero el resto, es decir, para la mayoría en una atmósfera de necesidad decreciente de factor trabajo, supone la precarización llevada a hasta el más lejano de sus extremos: ya ni siquiera es el ‘¡Yo, por menos!’, ya que, además, el contratado ha de demostrar que se le necesita, ¿cómo?, aceptando todo lo que el empleador diga ya que esas son las condiciones que en ese momento necesita.
También dice la Sra. De Cospedal: “La reforma les gusta mucho a las personas que no tienen empleo”, obviamente: como no lo tienen están dispuestas a aceptar las condiciones que sean para obtener algo de ocupación, pero para eso hacía falta modificar el documento en el que se fijaban los mínimos: el Estatuto de los Trabajadores.
Una entrevista muy, muy, buena. De una claridad meridiana. Si recuerdan, cuando la Sra. De Cospedal fue elegida presidente de la región de Castilla-La Mancha y empezó a manifestar mensajes, dije que había que seguir muy de cerca a esa persona porque lo que decía tenía mucho sentido y lo que estaba empezando a hacer en C-LM era el prefacio de lo que iba a pasar después en el resto de regiones; y así ha sido. Ahora con lo que dice en relación a RL se aclaran muchas cosas. Ojala, pienso, la Sra. De Cospedal hubiese explicado a la ciudadanía qué iba a pasar con la RL: todos hubiésemos estado más avisados (aunque posiblemente ese fuese el motivo por el que quien informó no fuese ella).
Lo del ‘nuevo contrato social’ argumentado por M. Sarkozy casi con total seguridad irá por aquí.
Y no, la Sra. De Cospedal tampoco dice ni palabra sobre el fraude fiscal.
(Por cierto, ¿se han dado cuenta que del Mobbing ya no habla ni el tato?).

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Cambiando de tema. ¿No encuentran un poco vergonzoso que el pueblo español no sepa ni palabra de unos presupuestos -de los que se está hablando en todas partes- hasta que lo decida un Gobierno aclamado por ese mismo pueblo y después de que en Europa se apremiase al Gobierno a que los presentase 'lo antes posible'?. Curiosamente hace días que ya no se apremia, ¿será porque ya los conocen?.
@sninobecerra

Santiago Niño-Becerra. Catedrático de Estructura Económica. IQS School of Management. Universidad Ramon Llull.

Las cinco grandes mentiras de la reforma

Fuente, Escolar.net
1. Es mentira que el objetivo de la reforma sea crear empleo. Abaratar el despido en plena crisis disparará aún más el paro, como hace nada decían los dirigentes del PP. Lo que busca esta reforma laboral es forzar una rebaja generalizada de los salarios. Es el gran plan del Gobierno, convencido de que la única salida de la crisis pasa por una devaluación de los trabajadores, de nuestros derechos y del Estado del bienestar ahora que ya no tenemos una peseta que devaluar.

2. Es mentira que la indemnización por despido baje “sólo” de 45 a 33 días y que sólo cuente a partir del sábado. En realidad se rebaja a 20 días con un máximo de doce meses de indemnización: esas son, para todos, las nuevas condiciones del despido “procedente” que ahora será el habitual.

3. Es también mentira que la reforma no tenga efectos retroactivos. Cambian las condiciones laborales de todos los empleados, los que ya tenían un trabajo y los que consigan un contrato a partir de hoy.

4. Es completamente falso que este decreto “garantice la seguridad de los trabajadores”, como pomposamente firma en su preámbulo el presidente Rajoy. La reforma legaliza el mobbing: los empresarios podrán cambiar unilateralmente el horario, las funciones e incluso el sueldo. Si no estás de acuerdo con las nuevas condiciones, el despido es procedente: 20 días por año de indemnización.

5. Pero la mayor mentira de todas es la que el PP nos contó durante la campaña electoral. “Lo que necesita España no es facilitar el despido sino fomentar la contratación”, decía Mariano Rajoy, decía Sáenz de Santamaría, decía Cristóbal Montoro, decía Fátima Báñez y decía González Pons. “Un gobierno previsible que diga siempre la verdad”, nos prometieron antes de votar.

El ataque a la salud, en los umbrales del delito

CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO 17/10/2011

La durísima política contra la sanidad pública del Gobierno de CiU está vaciando el contenido, que creíamos intangible, del Estado social, lesionando derechos fundamentales de la persona, el de la asistencia sanitaria, y tratando a los pacientes y a los profesionales sanitarios como si de una mercancía se tratara en una economía de mercado a la que se subordinan los derechos de las personas. El Gobierno de CiU ataca frontalmente el desiderátum del preámbulo constitucional cuando propugna "asegurar a todos una digna calidad de vida" y vulnera de forma reiterada los derechos a la salud proclamados en los artículos 43 de la Constitución y 23 del Estatuto. Ni la crisis ni el déficit pueden justificar la destrucción de este derecho sin el cual no es posible garantizar el respeto a la "dignidad humana" y el "libre desarrollo de la personalidad". Por tanto, estamos ante una crisis de la política fundada sobre derechos para sustituirla por otra al servicio de los beneficios económicos, sustitución que conduce inevitablemente a acentuar la desigualdad social y favorecer toda clase de exclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza. ¿Dónde queda la ciudadanía democrática? Porque es evidente que los derechos sociales, entre ellos el de la salud, son la condición de una democracia basada en el pleno reconocimiento de la ciudadanía, ciudadanía que debe ser una barrera ante políticas antisociales.

Así lo proclamó la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (ONU) celebrada en Viena en 1993: "Todos los derechos son universales, individuales e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso".

Naturalmente, desde esta perspectiva se derivan automáticamente para todas las Administraciones unas estrictas obligaciones de respeto, de protección y de satisfacción, que se traducen en el deber de disponer de recursos suficientes y garantizar la prestación de los servicios correspondientes.

Si la Constitución establece que debe garantizarse que la libertad e igualdad sean "reales y efectivas" (art. 9.2), puede afirmarse que los poderes públicos no solo no pueden empeorar los niveles de satisfacción de los derechos sociales, sino que deben actuar avanzando hacia cotas más altas de prestaciones. Es lo que se llama principio de no regresividad o, mejor, de progresividad.

Es decir, los derechos sociales pueden entenderse como irreversibles y, en tal medida, cualquier actuación, por acción u omisión, de los poderes públicos que limite gravemente su satisfacción está afectando al derecho básico a la dignidad humana.

Consecuentemente, el incumplimiento de los poderes públicos de su deber de prestación en la sanidad puede entenderse como una forma de discriminación, conducta constitucionalmente prohibida. Exigencias manifiestamente incumplidas por el Gobierno de Cataluña.

La violación por los poderes públicos de este derecho, en la medida en que constituye, como derecho propio de la ciudadanía, un derecho cívico, obliga a plantearse la posibilidad de que las decisiones políticas de gravísimas restricciones sanitarias no solo sean un abuso de poder, sino que presenten una auténtica relevancia penal. Si así fuere, deberían perseguirse ante los tribunales por los perjudicados y la fiscalía, de oficio. En efecto, el art. 542 del Código Penal castiga a las autoridades y funcionarios públicos que "impidan" a los ciudadanos "el ejercicio de derechos cívicos", en un precepto que contempla de forma genérica la violación de derechos innominados que, por su trascendencia personal y social, merecen una protección mas intensa como es la penal. Entendemos que a tenor de una lectura constitucional acorde con la actual significación y alcance de los derechos sociales, el derecho a la salud merece y necesita una más eficaz protección si queremos construir una sociedad más justa e igualitaria. Por ello, está justificado advertir que una política sanitaria como la actual de CiU puede merecer un reproche penal. Y en su caso, quienes la denunciaran estarían defendiendo sus derechos y, además, protegiendo preventivamente el derecho a la salud de todos los ciudadanos.

Carlos Jiménez Villarejo fue fiscal anticorrupción.

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/ataque/salud/umbrales/delito/elpepiespcat/20111017elpcat_5/Tes

Hay alternativas a los recortes

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Ilustración de Mikel Jaso

Se están haciendo en España recortes muy sustanciales del gasto público social que financia las transferencias públicas (tales como las pensiones y las ayudas a las familias) y los servicios públicos (tales como la sanidad, la educación, los servicios de ayuda a las personas con dependencia, las escuelas de infancia, los servicios sociales, entre otros) que representan la mayor reducción del Estado del bienestar español que éste haya sufrido en los 33 años de democracia. Estos recortes los está realizando el Gobierno central, así como gran número de gobiernos autonómicos, habiendo sido particularmente acentuados en Catalunya.

Tres observaciones tienen que hacerse a raíz de estos hechos. Una es que ninguno de estos recortes estaba anunciado en los programas electorales de los partidos gobernantes que los están haciendo. En realidad, todos ellos subrayaron en sus campañas electorales que no realizarían recortes en las transferencias y servicios que están siendo recortados. La segunda observación es que estos recortes se presentan, tanto por el establishment político como por el mediático, como inevitables y necesarios, y responden –según tales establishments– a la presión externa de los mercados financieros, los cuales señalan la necesidad de realizar tales recortes. Este argumento de inevitabilidad y necesidad ha calado en la opinión popular como consecuencia de una promoción masiva por parte de los medios de información de mayor difusión (tanto públicos como privados) del país, que han estado respaldando tales recortes. Uno de los rotativos de mayor difusión presentó anteayer unas encuestas mostrando que, puestos a escoger, había más españoles que, para reducir el déficit, preferían los recortes a la subida de impuestos. Parecería, pues, que los recortes que se están llevando a cabo tienen el apoyo popular que los legitimiza.

Este argumento de inevitabilidad, sin embargo, es profundamente erróneo. Y la percepción de apoyo popular está también equivocada. Miremos primero el argumento de que los recortes tan intensos del gasto público social se deben a la presión de los mercados. La lectura de los informes de las agencias de valoración de bonos y de los mayores centros financieros muestra una variabilidad de opiniones. Así, en ocasiones expresan inquietud sobre el tamaño del déficit y de la deuda pública, pero en otras ocasiones, como ahora, muestran gran preocupación por la falta de crecimiento económico. En cuanto a la reducción del déficit, tales instituciones financieras no indican cómo debería realizarse. Una manera es mediante los recortes de gasto público social, pero no es ni la única ni la mejor manera de conseguirlo. Una alternativa es aumentando los impuestos. Así, en lugar de congelar las pensiones (con lo que se intentan ahorrar 1.200 millones de euros), se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, o 2.552 millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, o 2.500 millones si se hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, recortes de los impuestos apoyados –todos ellos– por los partidos que ahora hacen estos recortes de gastos.
O en lugar de los enormes recortes en sanidad que intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones, podrían haber anulado la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), recogiendo 5.300 millones de euros. O en lugar de recortar los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales (logrando un total de 25.000 millones de euros), podrían haber corregido el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas (que representa el 71% de todo el fraude fiscal), recogiendo mucho más, es decir, 44.000 millones.

O, en lugar de reducir los servicios de ayuda a las personas con dependencia (intentando ahorrar 600 millones de euros), podrían haber reducido el subsidio del Estado a la Iglesia católica para impartir docencia de la religión católica en las escuelas públicas, o eliminar la producción de nuevo equipamiento militar, como los helicópteros Tigre y otros armamentos.

El hecho de que se escogiera hacer los recortes citados sin ni siquiera considerar estas alternativas no tiene nada que ver (insisto, nada que ver) con las presiones de los mercados financieros. La reducción del déficit público podría haberse logrado revirtiendo las enormes rebajas de impuestos que han beneficiado primordialmente a las rentas superiores (una persona que ingrese más de 300.000 euros al año ha visto reducir sus impuestos durante el periodo en que España estuvo gobernada por Aznar y por Zapatero un 37%, mientras que la gran mayoría de la población apenas notó esta bajada).

El supuesto apoyo popular a tales recortes no puede derivarse de la pregunta sesgada y tendenciosa de preguntarle a la población si para reducir el déficit prefieren los recortes en el Estado del bienestar o el aumento de los impuestos. La palabra “impuestos”, sin aclarar de quién, genera siempre una respuesta predecible de rechazo. Pero si, en lugar de utilizar el término genérico “impuestos”, se utilizara el aumento de impuestos citados en este artículo, que se centra primordialmente en las rentas superiores (revirtiendo las enormes reducciones que les beneficiaron) y que no afecta a la gran mayoría de la ciudadanía, la respuesta sería opuesta a la que aquella pregunta tendenciosa indica. Que estas alternativas no tengan la centralidad política o la exposición mediática que tienen los recortes se debe a que las rentas superiores, la banca y la gran patronal, tienen mucho más poder sobre el Estado español que las clases populares, que son las que están más afectadas por los recortes.

http://blogs.publico.es/dominiopublico/4052/hay-alternativas-a-los-recortes/

BCN rebelde, como siempre

ANÁLISIS: El 15-M revive 

GUILLEM MARTÍNEZ 20/06/2011

Frente a mi punto de vista no paran de pasar personas. La manifestación es un éxito por sí solo. Pero también es un éxito cultural: después del 11-M, es la primera vez que la ciudadanía intelectualiza una realidad diferente de la propuesta por un Gobierno para dibujar una violencia. Definitivamente, el 15-M no es kale borroka. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son el 15-M, esa masa que ha acudido aquí a representarse a sí misma?
Son familias, parejas, grupos de amiguitos y amiguitas, abuelitos, niños, bebés, personas bajas, altas, gordas, delgadas, morenas, blancas como un queso, con novia guapa, con novio feo, con la ralla del tinte por actualizar, con el pelo muy meditado. Son, en fin, la figuración con la que cada día se dota Barcelona para llenar la mayoría de sus calles.
Algunos avanzan agrupados en círculos de activistas de algún tipo de derecho. Otros, los más, se representan a sí mismos, y traen en sus manos una pancarta, en la que exhiben las razones por las que han venido. Son carteles brillantes, que han hecho retroceder 100 años la causa de los carteles electorales.
Hay carteles divertidos contra Felip Puig -nombre muy coreado en la mani; en circunstancias normales, a Puig le quedarían pocas horas en el Gobierno antes de que le visite el francotirador epistemológico de CiU-. Carteles con textos turbadores: "No puedo apretarme el cinturón y bajarme los pantalones a la vez", "Tengo carrera y como mortadela", "La Rioja no se puede separar del Estado, pero sí el bienestar", "¿Dónde está la izquierda? Al fondo, a la derecha", "Mas, el presidente de Tulipán" -en alusión a un spot de mi infancia en el que un fantasma recorría Europa en helicóptero, para ofrecer margarina en los colegios-. Brillan con luz propia dos. Uno, confeccionado por un niño de, pongamos, P-5: "Bolem mes flams a lascola", y otro, que recoge las dos grandes aficiones históricas de Barcelona: la rebeldía y el lerere -por favor, que el autor se me manifieste, que le pago una copa-: "Somos el movimiento Wondrebra: oprimiendo las masas, las levantas".
Muchos carteles explicaban la violencia económica y social. Muchos carteles contra los recortes. En la educación, en la sanidad. Muchos explicando la relación entre el mundo financiero y el político. Muchos con una propuesta política sin políticos que la representen: someter a referéndum la ley ómnibus. Muchos, por otra parte, defendiendo el carácter pacífico de la protesta -el 15-M, en fin, no solo es horizontal, sino que organiza hasta el orden horizontalmente-.
Quizá es la vuelta a la ciudad de su tradición política más dilatada: la observación del Estado con cara de póquer. A la vez, es también una toma de contacto con las nuevas izquierdas europeas, que no ven en el Estado, ni en el pulpo, un animal de compañía, algo necesariamente transformador.
El 15-M se ha despenalizado a sí mismo en una manifestación seria, divertida, participativa, en la que la ciudadanía se ha mirado a los ojos, sonriendo, y en ocasiones ha encontrado ojos húmedos, por la emoción de mirarse. La política de partidos, y los problemas que plantea en sus agendas, en ocasiones son formas de no mirarnos. Falta saber cuál será el siguiente paso. Es muy posible que no lo dé la clase política, sin discurso, salvo el de la dignidad institucional, desde hace varias semanas. Es muy posible que lo vuelva a dar el 15-M, un movimiento muy imaginativo y con una idea clara: hay que ampliar la democracia para que en el siglo XXI pueda recibir ese nombre.

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/BCN/rebelde/siempre/elpeputec/20110620elpcat_7/Tes

Las razones de los toldos

TRIBUNA

JORDI GRACIA 16/06/2011

Parece mentira, pero no lo han entendido. Las imágenes de los acampados seguramente no bastan para quitarse de encima las costumbres felices y apacibles de una democracia próspera que ha empezado a dejar de serlo, como en otros países europeos. Demasiada gente empieza a sentir que la prosperidad es cada vez más cosa del pasado, que los recortes sociales no son papel mojado sino actuaciones políticas con efectos reales y quizá todavía algo más: que la misma clase política es la única responsable, para bien y para mal, de lo que sucede en el espacio público y no parece que tenga interiorizada esa responsabilidad ante quienes de veras están padeciendo el desempleo, las reducciones de salario o las rebajas de servicios. Eso dice el 15-M y eso decían los concentrados en la plaza de Cataluña de Barcelona imprudente y temerariamente desalojados por el consejero de Interior de la Generalitat Felip Puig.

Pero él sí ha aprendido la lección y la chulería innata y conocidísima del personaje acaba de jugarle una mala pasada. La respuesta política del consejero a las protestas por la actuación policial de hace un par de semanas la hemos tenido estos días, y sobre todo ayer miércoles en el parque de la Ciutadella, en cuyo interior está el Parlamento de Cataluña. Desde hacía días tanto Felip Puig como el resto de lectores de periódicos y medios audiovisuales sabíamos que había una concentración programada para impedir el acceso al Parlamento el día del debate del presupuesto. La tarde anterior la afluencia de grupos fue creciente y sobre todo concentrada en dos de los accesos al parque de la Ciutadella, los dos más alejados del Parlamento. Se desalojó el parque y se cerraron las puertas por la noche. Y hasta mañana por la mañana, debió de pensar Felip Puig. De oficio, me parece a mí, todas las alarmas en Interior debían haberse disparado el día antes para proteger el derecho y el deber de acudir al Parlamento a discutir la Ley de Presupuestos. Pero no, por la mañana las puertas de acceso fueron custodiadas por la policía para permitir el paso de los diputados, varios de ellos fueron zarandeados, insultados y acosados pese a la presencia de la policía autonómica, que acabó aconsejando cambiar de ruta o desistir de entrar por ahí.

La coacción de los concentrados contra los diputados es obvia y obviamente reprobable: estaba anunciada ampliamente por ellos mismos. Pero era reprobable en la mañana del miércoles y también el día anterior. La pasividad de Felip Puig no fue desatención o negligencia sino cálculo político astuto e irresponsable: desertó del deber de proteger a los parlamentarios ante la amenaza conocida y yavisible. Pero prefirió no actuar.

El resultado de su inhibición forma parte de la estrategia retadora del personaje: ha dejado actuar a los jóvenes movilizados para justificar ante las cámaras y en horarios de máxima audiencia que la única manera de actuar contra los descontentos, indignados o rebeldes sociales puros es la violencia. Y Artur Mas salió enseguida, en discurso solemne, hablando de violencia callejera y del traspaso inadmisible de las líneas rojas. Lo ha dicho como si no supiese que hay un polvorín social de gente muy cabreada y al borde de la incomprensión, de no saber qué hacer y de tener miedo físico al futuro.

Para demasiados políticos es como si la euforia de sus victorias electorales les hiciese creer que más o menos todo sigue igual y estos enredos no van a desinflar el globo de sus pequeñas victorias, o como si nada demasiado grave estuviese pasando y el movimiento del 15-M fuese una expresión nostálgica del 68 (¡ay, el 68...!) o un residuo menor de la agitación de épocas periclitadas.

Yo creo que se algunos políticos se han olvidado completamente de lo que significa la violencia callejera como reacción explosiva contra el desánimo, el miedo o la sensación de no pintar nada. Cuando los políticos reclaman cordura a los movilizados parecen olvidar que están ahí precisamente para expresar la falta de cordura de obviar sus protestas, de no entender que expresan un malestar de fondo y forma que tiene que ver con la indiferencia de fondo y la tolerancia de forma con que han sido escuchadas y digeridas sus protestas.

Algunos, en nuestras Cámaras de representación política, parecen estar fuera del planeta Tierra; y quizá son demasiados quienes necesitan llamadas tan crudas de atención como la de ayer para comprender que la irritabilidad social, la abstención electoral y el voto en blanco son ingredientes activos del deterioro de la confianza en el sistema y del empobrecimiento contable, material, de las condiciones de vida de muchos ciudadanos (por cierto, entre ellos, muchos, muchos con carrera y estudios universitarios, y no precisamente agitadores profesionales, aunque a este paso vayan a acabar siéndolo).

Artur Mas ha enfatizado la legitimidad de la violencia policial en democracia para preservar la función del Parlamento. Tiene razón: lo que no se comprende es que deba poner énfasis en una obviedad semejante y tampoco se comprende bien si sabe o no sabe que esa declaración es la mejor forma de alimentar una espiral descontrolada de violencia. Las amenazas de su chulo de guardia en Interior y las suyas propias apelando a la legitimidad de la violencia engendrarán indefectiblemente un efecto de violencia mayor en los movilizados.

Tener el monopolio de la violencia obliga a ejercerla con cálculo y previsión, sobre todo cuando se está ya informado de la acción coactiva prevista nada menos que contra parlamentarios. Si no fuese una irresponsabilidad por mi parte, diría que tanta pasiva imprevisión es una estudiadísima desactivación de las razones de los movilizados por la vía de las imágenes televisivas, el humo, las carreras y el acoso (intolerable e inaceptable) a los parlamentarios. O la imagen del caos, como dijo Mas, obviando por completo lo que significan de verdad el caos y la violencia callejera.

Quizá muchos de ellos no han acabado de entender las razones de fondo y forma de una movilización con mayoritario ánimo de regeneración democrática y que precisamente por eso acude a las puertas del Parlamento. De golpe va a resultar que el modo de desactivar al M-15 va a ser convirtiéndolo en agitación revolucionaria de vieja estirpe sin respetar ni entender lo que de veras significa: el rechazo a la debilidad política frente al poder del dinero, la incapacidad para mitigar el alcance social de los recortes y la insensibilidad ante el debilitamiento del Estado social cuando más falta hace. Las porras policiales sueñan con derribar no los toldos, sino las razones de los toldos.


Jordi Gracia es catedrático de Literatura Española en la Universidad
de Barcelona.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/razones/toldos/elpepuopi/20110616elpepiopi_4/Tes

No més lliçons de democràcia

Anàlisi

Dijous, 16 de juny - 00:00h.

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/print-1044155.shtml

A ningú li poden agradar els successos que han tingut lloc als voltants del Parlament. Només aplaudirà qui busqui una altra oportunitat per destruir per destruir. La indignació no justifica la coacció, ni la violència. De qualsevol intensitat, contra un diputat o un transeünt. Però igualment just és reconèixer que aquest ni és, ni ha estat, el se-

gell del #15M. Més aviat en constitueix l'excepció.

També convé posar les coses en perspectiva per valorar-ne millor la gravetat. Novembre del 2005, en els primers mesos del canvi de govern bipartit i al Parlament gallec: un centenar d'alcaldes del PP, perfectament organitzats i sincronitzats, interrompen el ple des de la tribuna de convidats amb un sorprenent repertori de crits, amenaces i insults contra ses senyories. La policia els desallotja amb imatges d'espectacular cruesa. Als diputats del PP els va semblar tan democràtic i tan sa que, l'endemà, van ocupar ells la tribuna mentre els mateixos alcaldes bloquejaven l'accés al Parlament. A ningú, ni tan sols a mi, ni tan sols avui, se li va acudir dir que el PP era un perill per a la democràcia, o un moviment que hagués traspassat les tan suades línies vermelles. En molts dels mitjans avui alarmats pel #15M, més aviat es va culpar el bipartit per insensible. I posats a examinar tarannàs democràtics, què dir d'aquestes festes de la llibertat d'expressió i la democràcia ben entesa que suposen cada any els insults i amenaces a Zapatero durant la desfilada de la Hispanitat; els mateixos on tants no perceben més que sana ira ciutadana.

La màquina d'esclafar el #15M ja està en marxa. Si s'indignen a Sol, malament per al comerç. Si ho fan a la Ciutadella, malament per a la democràcia. Pel que es veu, només es poden indignar a casa. Ja només falta descriogenitzar el Cojo Manteca. Inútil consol refugiar-se en aquest debat per evitar les qüestions importants plantejades des de les places. No es pot il·legalitzar el descontentament, ni prohibir la insatisfacció.

No més lliçons de democràcia. Si us plau. Encara segueix esperant resposta el malestar majoritari pel cínic funcionament del sistema. També espera tanta indignació per unes polítiques que solucionen els problemes d'aquells que van crear la crisi ferotge i s'han fet ferotgement rics. La pregunta ja no és què faran els acampats, o què demanen. La qüestió és què respondran les institucions i els actors interpel·lats.

Ni la democràcia real està a les places, ni als Parlaments es refugien els segrestadors de la democràcia. El millor del #15M ha estat la seva voluntat de recuperar la dimensió deliberativa de la democràcia. No caiguem en l'error de reemplaçar un conjunt d'ingenuïtats per un altre de més gran i més simple. Per no acabar sent joguines trencades de quatre oportunistes, els indignats haurien de tenir molt present la realista saviesa de Chesterton quan va dir que no es pot fer una revolució per tenir la democràcia, s'ha de tenir la democràcia per fer una revolució.