29/01/2014.
Las turbulencias económicas han provocado un enorme deterioro en
derechos sociales que se creían garantizados. El Consejo de Europa ha
detectado importantes retrocesos desde el inicio de la crisis,
particularmente en España. Este organismo, encargado de velar por los
derechos humanos en 47 países del continente, juzga ilegal la decisión
de excluir a los extranjeros sin papeles de la sanidad española. “La
crisis no puede servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad”,
concluye un informe sobre derechos sociales divulgado ayer.
El texto tacha de regresivo el decreto aprobado por el Ejecutivo
español en agosto de 2012 que cerraba las puertas de la sanidad a los
inmigrantes irregulares a excepción de niños, embarazadas y urgencias.
Luis Jimena, presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, tiene
claro que esta evaluación considera la ley española contraria al derecho
europeo: “No se puede excluir a los inmigrantes del sistema. Tanto el
Gobierno como las comunidades tienen el deber de cumplir la doctrina del
Consejo de Europa. Y el Tribunal Constitucional deberá tomarla en
consideración de manera determinante [al fallar sobre el recurso
presentado contra la decisión del Gobierno]”, afirma.
España es uno de los 43 países europeos que han firmado la Carta
Social Europea, que recoge el derecho a la salud y que el comité
encargado de interpretarlo extiende a todos los ciudadanos, con
independencia de su estatus legal. El Ejecutivo español considera que,
al dar acceso a las urgencias, el derecho queda salvaguardado. Pierre
Verbeeren, director general de Médicos del Mundo en Bélgica, lo niega.
“Las urgencias no bastan para garantizar el derecho porque, además, cada
país tiene una concepción distinta sobre qué es una urgencia”,
argumenta.
Este experto lamenta el retroceso que se ha producido en España, que
la sitúa al lado de países como Reino Unido, Alemania o Grecia, también
restrictivos con las prestaciones sanitarias a los extranjeros
irregulares. Verbeeren niega que estos movimientos obedezcan solo a
necesidades económicas porque, además, el coste del tratamiento en
urgencias acaba siendo superior al de la atención primaria. “Alemania no
está afectada por la crisis y también lo ha hecho. A veces se utiliza
la crisis como pretexto”, cierra.
El Consejo de Europa cita a otros países que incumplen la obligación
sanitaria en lo que concierne a los extranjeros. Son Austria, Bélgica,
Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Lituania,
Letonia y Macedonia. La larga lista demuestra que los Estados se
arriesgan a legislar de modo restrictivo pese a saber que sus decisiones
contravienen el acervo europeo. El motivo es que el Comité de Derechos
Sociales carece de mecanismos que penalicen estas conductas. La vía para
hacer valer estos derechos resulta lenta y laboriosa; suele pasar por
presentar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el brazo
judicial de esta institución europea. Así ocurrió con Médicos del
Mundo, que ganó al Estado francés un caso de estas características.
Técnicamente, el Consejo de Europa no ha podido tildar de
incumplimiento el decreto español porque se adoptó en 2012, fuera del
periodo analizado (entre 2008 y 2011). Sin embargo, advierte de que, de
persistir la ley, se considerará una violación de los derechos sociales
en Europa.
Además de la sanidad a los extranjeros, el organismo con sede en
Estrasburgo reprocha a España otras carencias sociales. Entre ellas, la
baja cuantía de la renta de inserción que se ofrece a personas sin
recursos, que apenas supera los 400 euros al mes. Solo el País Vasco y
Navarra cuentan con prestaciones aceptables. Tampoco llega al mínimo la
cobertura económica de la baja por enfermedad, considerada
“manifiestamente inadecuada”.
Más allá de España, la evaluación general del continente constata un
nivel de incumplimientos muy superior al de otros años. “Las cifras han
empeorado mucho. Para nosotros, es una fuente de gran preocupación. Los
derechos sociales deben protegerse”, subraya Colm O’Cinneide,
responsable del informe de 2013.
Una portavoz del Ministerio de Sanidad afirma que, en verdad, el
Consejo de Europa "alude más al tiempo que pasa hasta que un extranjero
es regularizado", informa Emilio de Benito. Además,
insiste en que "la cobertura que tienen los inmigrantes en España es de
las más amplias de Europa, ya que incluye las urgencias, toda la
atención a menores, y los cuidados en el embarazo". Aparte de eso, "se
cubren los temas de salud pública [enfermedades contagiosas], como la
tuberculosis, y todos tienen garantizados por las comunidades la
atención de otros procesos dentro de sus competencias". Por eso Sanidad,
como ha hecho desde que hace más de año y medio se recortara la
atención a los extranjeros sin papeles, insiste en que "una cosa es que
no tengan tarjeta sanitaria, y otra que no se les esté atendiendo.
fuente-diario elpais.
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