El gasto sanitario.

jueves 5 de diciembre de 2013

El gasto sanitario que representaba el 7,2 % del PIB en 2007 descenderá al 5,4 % en 2016, según los objetivos del Gobierno

• La demanda de atención sanitaria aumenta al tiempo que se recorta el gasto público en sanidad
• La sanidad pública pierde 53.000 empleos en dos años
• "Dejar sin tarjeta sanitaria a más de 800.000 inmigrantes es una medida injusta y antieconómica"

Reducción de la actividad sanitaria, incremento de las listas de espera, ruptura de la universalidad en la atención sanitaria, exclusión de prestaciones y medicamentos de la financiación pública y destrucción de empleo, son algunos de los efectos de los recortes sobre el gasto público sanitario en los últimos años, según pone de manifiesto el informe "El gasto sanitario en España", que hoy han presentado en rueda de prensa Carlos Bravo, responsable de la Secretaría de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, y el responsable de política sanitaria de la misma, Fernando Puig-Samper.

Carlos Bravo y Fernando Puig-Samper

El sistema sanitario público ha sufrido un considerable recorte en los dos últimos años y de representar el 7,2% del PIB en 2007, como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno, pasará  a suponer el 5,4% del PIB, según explicó el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, quien subrayó que así se producirá un retroceso de una década.

Consecuencia del menor gasto en sanidad, se ha producido un descenso en la actividad sanitaria, ya que con un número muy inferior de profesionales – se han perdido 53.000 puestos de trabajo en dos años, alrededor del 10% de los efectivos - se tiene que atender una mayor demanda por el envejecimiento de la población y del incremento de personas desempleadas, que precisan de una mayor atención que la población con empleo, lo que ha provocado “un aumento de las listas de espera, que se han llegado a duplicar”, según Fernando Puis-Samper.

Otras de las medidas criticadas por los responsables de CCOO ha sido la exclusión de la atención sanitaria de los inmigrantes, unos 873.000, sin permiso de residencia, que ha significado la ruptura de la universalidad de la atención sanitaria.  La exclusión, que ha sido calificada de “injusta y antieconómica” por Carlos Bravo, y de “barbaridad” por Fernando Puig-Samper, supone desviar los pacientes de los ambulatorios a los hospitales, una vez se ha agravado la dolencia, con el consiguiente aumento del coste del tratamiento y de las lista de espera. “No tiene lógica económica ni social”, remachó este último.

En opinión de los responsables de CCOO,  “la sanidad requiere mejoras en aspectos nucleares, con o sin crisis”, que tienen que ser fruto de la negociación y el acuerdo, nunca de la imposición, y que tengan en cuenta la sostenibilidad, equidad, racionalidad,  suficiencia y el protagonismo de los profesionales, además de normas del “buen gobierno” como la transparencia en la gestión y rendición de cuentas, y otras que regulen las incompatibilidades, que se exponen en el informe “El gasto sanitario en España.