La patronal rechaza que los trabajadores tengan que fichar en su jornada laboral
- La CEOE opta por mantener la redacción actual de la reforma laboral
para que los convenios de empresa sigan teniendo prevalencia frente a
los sectoriales
- Los empresarios quieren "eliminar la obligación de aportación al
Tesoro Público de las empresas con beneficios en los despidos colectivos
que afecten a trabajadores de más de 50 años"
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi
Europa Press
La
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) rechaza obligar a las empresas a establecer
el registro de la jornada laboral de sus trabajadores,
porque considera que "ya existen mecanismos de control horario" y
supone "un cambio hacia lo antiguo", de acuerdo con las valoraciones de
la patronal a varios de los temas que se están debatiendo en la mesa del
diálogo social y a las que ha tenido acceso Europa Press.
Para los empresarios, el registro horario propuesto por el Ejecutivo
aumenta la burocracia y los costes empresariales, tiene "problemas
reales de aplicación", elimina las medidas de
flexibilidad interna y de conciliación y es "de muy difícil aplicación" para las pequeñas y medianas empresas.
Por otro lado, sobre el despido colectivo, los empresarios quieren "eliminar la obligación de aportación al
Tesoro Público
de las empresas con beneficios en los despidos colectivos que afecten a
trabajadores de más de 50 años", medida conocida también como enmienda
Telefónica.
La llamada enmienda
Telefónica tiene su origen en las
prejubilaciones masivas que la compañía realizó en 2011 y que acabaron afectando a más de 6.500 personas.
En concreto, en la reforma de pensiones de 2011, el Gobierno del
PSOE
estableció que las empresas de más de 500 trabajadores que presentaran
un despido colectivo que afectara a trabajadores de 50 años o más,
habiendo tenido beneficios en los ejercicios anteriores, tendrían que
hacerse cargo del
pago por desempleo y de parte de las cotizaciones.
No obstante, en 2013, el Gobierno del
PP cambió la enmienda Telefónica
para que estos costes fueran asumidos por las empresas de más de 100
trabajadores que hicieran un despido colectivo y que hubieran obtenido
beneficios tanto en los dos ejercicios anteriores al despido como en al
menos dos ejercicios económicos consecutivos dentro del periodo
comprendido entre el ejercicio económico anterior al despido colectivo y
los cuatro ejercicios económicos posteriores a esa fecha.
Además, el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo de
Mariano Rajoy
establecía que las aportaciones deben realizarse exclusivamente cuando
exista discriminación por razón de edad en los despidos, es decir, en la
medida en que el porcentaje de trabajadores de más de 50 años incluidos
en el despido colectivo
sea superior al peso de ese colectivo en la plantilla de la empresa.
Tanto en los EREs de suspensión de contrato como en los de despido
colectivo, la CEOE pide que la Inspección de Trabajo y de la Seguridad
Social, al igual que los jueces, no entren a valorar
la existencia de las causas y la
proporcionalidad de estos procedimientos ni
las razones económicas o de otra índole de las empresas.
También quiere que "se elimine la obligación empresarial de asumir el
100% del coste de cotización
a la Seguridad Social a pesar de no existir prestación de servicios por
parte del empleado" y que se simplifique la documentación a aportar,
así como el procedimiento.
En esta línea y en el caso de los despidos colectivos, la patronal también apuesta por que la
simplificación de la documentación
sea mayor para las empresas de menos de 50 trabajadores y que se
presuma que cuando hay acuerdo "concurren las causas y se ha cumplido
con las formalidades esenciales del procedimiento de consulta".
Además, cree que se debería unificar la
indemnización por despido con independencia de su causalidad,
salvo en los supuestos de nulidad por violación de los derechos
fundamentales y contemplar la no penalización de la salida del mercado
laboral de quienes tienen ya cubierta su carrera de cotización,
"estableciendo fórmulas flexibles de salida del mercado laboral
vinculadas a la simultánea contratación de jóvenes".
Por otro lado, entre la valoración de la patronal al resto de medidas
presentadas en las mesas del diálogo social, destaca que se mantenga la
redacción actual de la reforma laboral
para que los convenios de empresa sigan teniendo prevalencia frente a
los sectoriales, una medida a la que el Gobierno y los sindicatos
quieren dar la vuelta.
Respecto a la ultraactividad, la CEOE pide que se clarifique la
aplicación del convenio de ámbito superior que fuera aplicable en
caso de pérdida de vigencia del convenio
y que también se deje clara cuál es la situación en caso de pérdida de
vigencia de un convenio sin que exista convenio de ámbito superior que
fuera de aplicación.